Cada día se destruye en la costa española como 8 campos de fútbol

Durante los últimos diez años hemos sido testigo de la burbuja inmobiliaria y de las connivencias de las distintas administraciones públicas con el territorio costero. Desde 1987 a 2005 se destruyeron un total 50.504 hectáreas de suelo natural en los dos primeros kilómetros de franja costera para crear urbanizaciones, suelo industrial y comercial.

"Es lamentable que por intereses partidistas se promuevan rebajas a la Ley de Costas que pretenden legalizar los desmanes que se han permitido durante todos estos años". ha declarado Juan López de Uralde, director de Greenpeace.

URBANISMO SALVAJE

Si en el primer informe de la organización en 2001 se definía el futuro del litoral español como "negro", ni la previsión más pesimista podía pronosticar lo que iba a pasar en la década que ha transcurrido. A día de hoy, en algunas zonas como Málaga o Alicante más del 75% de los terrenos colindantes al mar son urbanos o urbanizables.

Entre 1990 y 2000 la población española aumentó un 5%, mientras la urbanización lo hacía un 25,4%. Este fenómeno imparable en la última década se ha extendido hacia los últimos rincones bien conservados del litoral: la Región de Murcia, Almería, Huelva, Rias Baixas o la costa cantábrica.

En 2005 ya estaba urbanizado el 34% del primer kilómetro del litoral mediterráneo. Tan sólo un año después, en 2006, se duplicó el número de viviendas previstas en la costa: 1.479.000 nuevas casas.

En 2008 España necesitaba algo más de 300.000 viviendas anuales, pero entre 2003-2007 se construyó el triple, tanto en la costa como en el interior. En 2007, el año del apogeo de la burbuja inmobiliaria, Greenpeace denunciaba que los ayuntamientos del litoral proyectaban la construcción de cerca de tres millones de nuevas viviendas.

CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS

Este crecimiento ha tenido también su efecto en la contaminación de las aguas. Esta década ha estado marcada por las denuncias y sanciones de la Unión Europea por el incumplimiento sistemático de la legislación comunitaria en materia de vertidos, depuración y calidad de las aguas.

Aunque en 2003 España fue condenada por el Tribunal Europeo por incumplimiento de las normas de calidad de aguas de baño, todavía en 2010 se enfrenta de nuevo a la sanción de la Comisión Europea ante el mismo tribunal por incumplir reiteradamente la normativa sobre depuración de aguas.