Los etarras acusados de atentar en la T-4 se niegan a declarar

Los presuntos etarras Mattin Sarasola, Mikel San Sebastián e Igor Portu, para quienes el fiscal pide 900 años de cárcel por perpetrar el atentado de la T-4 de Barajas el 30 de diciembre 2006, en el que murieron dos ciudadanos ecuatorianos, se han negado hoy a declarar en la primera sesión del juicio. Los tres acusados, a los que el fiscal imputa dos delitos de asesinato terrorista, cuarenta y uno de tentativa de asesinato y uno de estragos terroristas, se han acogido a su derecho a no contestar a ninguna de las preguntas de las partes en el juicio que ha comenzado hoy en la Audiencia Nacional. Sarasola ha calificado de "fascista" al tribunal por lo que ha dicho no reconocerlo, mientras que Portu y San Sebastián han denunciado las supuestas torturas que sufrieron tras ser detenidos. La vista oral ha comenzado con una hora de retraso, sobre las 10:30 horas, debido a que la conducción de los presos desde la cárcel a la Audiencia Nacional se ha demorado unos 45 minutos. Antes de comenzar los interrogatorios de los tres procesados, el presidente del tribunal, el magistrado Alfonso Guevara, ha dado traslado a las partes de una nueva prueba pericial caligráfica realizada por la Guardia Civil para comprobar si la anotación manuscrita de un número de teléfono de los Bomberos de Madrid hallado en el domicilio de Mikel San Sebastián estaba escrita por el presunto etarra. Fuentes fiscales han explicado que esta prueba es muy importante porque podría resultar el principal indicio de la participación de San Sebastián en el atentado de la T-4, con el que ETA rompió su última tregua. Según el escrito de conclusiones provisionales del fiscal, a las 07:53 del 30 de diciembre de 2006, Portu avisó con un móvil a la DYA de la colocación de la furgoneta, tres minutos más tarde llamó a los bomberos de Madrid, y a las 08:35 a la central SOS/DEIAK de San Sebastián desde una cabina telefónica. A las 08:45 horas se localizó la furgoneta en el aparcamiento del aeropuerto, se desalojó y un minuto antes de las nueve de la mañana, se produjo la explosión, en la que murieron Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, otras 41 personas resultaron heridas y 313 vehículos sufrieron daños. Además de la pena de cárcel, el fiscal reclamará en el juicio, que está señalado hasta el jueves, que cada uno de los acusados indemnicen a los familiares de Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio con 500.000 euros por cada uno de los fallecidos.