
El gobierno italiano, que preside el tecnócrata Mario Monti, obligará al Vaticano a pagar el ICI, una especie de IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles). Un hecho inaudito en un país en el que la institución católica cuenta con múltiples privilegios y posee innumerables posesiones.
Hasta ahora ningún gobierno italiano se había atrevido a meter mano al statu quo eclesiástico. De hecho este acto significa un cambio en la relación entre el Estado y la Iglesia en el país transalpino, o al menos un aviso de que nada es eterno.
Monti es un católico practicante confeso, por lo que su decisión solo se comprende debido a la presión social y al enfado de muchos ciudadanos que veían como, mientras los italianos se apretaban el cinturón frente a la dura crisis que padece Italia, la Iglesia mantenía todos y cada uno de sus privilegios.
UN INMENSO PATRIMONIO LIBRE DE IMPUESTOS
El Vaticano es dueño de un enorme patrimonio inmobiliario y goza de enormes riquezas y privilegios en Italia. Hoteles, hospitales privados, etc. Un inmenso número de propiedades, unos 100.000 edificios, de los cuales 9000 son colegios, 26.000 estructuras eclesiásticas y casi 5000 instalaciones sanitarias.
El fin de la exención del pago del ICI para las propiedades de la Iglesia, utilizadas con fines comerciales, le significará al Estado millones de euros por año. Según el diario de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI), la aplicación del ICI puede suponer para la Iglesia menos de 100 millones de euros anuales. Por su parte, la Agencia Tributaria Italiana estima que la cifra rondaría los 2000 millones de euros anuales.
En España la Iglesia Católica también cuenta con múltiples ventajas fiscales. De hecho, entre los impuestos a los que la Iglesia está exenta, se encuentra el equivalente español al impuesto italiano que ahora sí deberá pagar, el IBI, algo que provoca duras críticas desde sectores pro-laicismo y desde algunos partidos políticos.


