El juez Baltasar Garzón volverá mañana al Palacio del Tribunal Supremo para ser sometido, esta vez, a juicio por haber investigado los crímenes del franquismo. Apenas cinco días después de que el juicio por las 'escuchas' del 'caso Gürtel' quedara visto para sentencia, Garzón se enfrenta esta semana a 20 años de inhabilitación, pena máxima prevista para el delito de prevaricación. Se acusa al juez de haber investigado los crímenes de la guerra civil y del franquismo sin tener permiso para ello, sin ser competente.

Así, en mayo de 2009 el Tribunal Supremo admitió a trámite una querella contra el magistrado por prevaricación presentada como acusación popular por Manos Limpias y Libertad e Identidad. Fue en abril de 2010 cuando el TS estimó que era adecuado continuar con el procedimiento contra el juez español.

A la causa de la incompetencia para seguir investigando se añadía el hecho de que las personas que habrían cometido dichos crímenes ya habían fallecido, por lo que no quedaría nadie a quien se le podrían exigir responsabilidades penales. A esto se le sumaban la prescripción de aquellos delitos y la Ley de Amnistía de 1977.

CLIMA DE EXPECTACIÓN

La expectación que se levantó en torno a la figura del juez andaluz cuando se le acusó, ante lo que unos reaccionaron a favor y otros en contra, vuelve a nacer hoy: siete magistrados del TS juzgarán a Garzón y 200 periodistas acreditados (de los cuales casi 30 son extranjeros) seguirán el caso en el tribunal.

Por otro lado, la plataforma de Apoyo a Garzón ha convocado concentraciones a la entrada del TS al considerar que el juicio que se está llevando a cabo contra él es "político"; un juicio, argumentan, contra el único magistrado que ha tenido el valor de enjuiciar la dictadura de Franco.