El Gobierno da luz verde a la reforma de la ley del aborto

El Ejecutivo remitirá el texto a la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial. En la rueda de prensa posterior al Consejo, De la Vega ha asegurado que la intención del Gobierno es también ofrecer seguridad jurídica a los profesionales de la Sanidad. "Protege y garantiza en todo el Estado los derechos de las mujeres", ha insistido.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, ha manifestado que la Ley ofrece "más garantías jurídicas para las mujeres, más seguridad para los profesionales sanitarios y medidas para prevenir embarazos no deseados". Además, ha señalado que se trata de una norma "más equilibrada, moderna, que se acerca más a Europa y que da, por primera vez, rango de ley a la educación sexual".

Según ha informado la titular de Igualdad, la mujer podrá interrumpir el embarazo libremente hasta la semana 14, siempre que, como mínimo tres días antes de la interrupción, haya recibido información sobre sus derechos y sobre las ayudas de que puede disponer para la maternidad si tal fuera su decisión.

"Garantiza a las mujeres la posibilidad de tomar una decisión libre e informada sobre la interrupción del embarazo dentro de las primeras catorce semanas", ha agregado Aído.

Con excepciones

De manera excepcional hasta la semana veintidós la mujer podrá abortar sólo en dos supuestos: si estuviera en riesgo la vida o la salud de la embarazada o si hubiera graves anomalías en el feto. En los dos casos, deberá acompañar un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.

A partir de aquí sólo un comité clínico podrá autorizar una interrupción a petición de la embarazada cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable.

La IVE, además, se garantizará dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud, "para que sea una prestación pública y gratuita". Según ha explicado Aído, "el Estado velará por el cumplimiento efectivo de estos derechos a través de la Alta Inspección Sanitaria".

Por su parte, el doctor Enrique Jaureguizar de Médicos por la Vida, ha asegurado: "Vamos a darle la vuelta a esta ley y si se puede abolirla, porque nadie lo ha logrado desde el 85. Vamos a exigir que se cambie la ley para conseguir que se respete el derecho a vivir. Lo sustituiremos por el plan nacional de ayuda a la mujer embarazada".