El caso Gürtel implica al tesorero del PP y a un eurodiputado

Asociación ilícita, blanqueo de dinero y cohecho. El caso Gürtel cada vez toma más cuerpo, y el juez Baltasar Garzón sigue en su cruzada particular. El magistrado acusa ahora al tesorero del PP, Luís Bárcenas, y al eurodiputado Gerardo Galeote, de varios delitos contra la Administración Pública. Según el el propio Garzón, "ambos estarían enmarcados dentro de la organización", presuntamente en la trama liderada por Francisco Correa, "con el cometido de facilitar sus actividades delictivas a través de la consecución de eventos y el reparto de fondos, en beneficio propio, prevaliéndose de su posición en el partido político al que pertenecían".

En plena crisis financiera del país, el tesorero de los populares es acusado de recibir de Correa 1.353.000 euros, mientras que el eurodiputado podría haber recibido 652.000 euros. El magistrado hace referencia al contenido de tres informes policiales aportados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre ambos miembros del PP, que han quedado identificados por los agentes "sin ningún género de dudas".

El auto de Garzón asegura que Bárcenas recibía sobres con cantidades entre los 3.000 y los 42.480 euros que llegaban en la sede del PP en Génova y a su domicilio particular. "Correa habría reconocido en las grabaciones aportadas, que hizo entregas de dinero a Luis Bárcenas, en Génova y en su casa, en efectivo, de obras u adjudicaciones y que el dinero lo sacaron a un paraíso fiscal", dice el juez. Garzón revela además que los miembros de la trama se referían a él como "Luis el cabrón" porque "no les daba trabajo y les había cortado el que tenían".

Por su parte, Galeote recibió, supuestamente, cantidades de dinero y otros regalos que van desde un vehículo Mercedes, cifrado en unos 21.000 euros, compras en tiendas como 'Gastón y Daniela', cifradas en más de un millón de pesetas, o reservas en apartamentos y abonos millonarios. También, se hace referencia a la creación de una cuenta para el PP europeo con pagos de billetes de avión y hoteles.

Más allá de estas evidencias, Garzón ve indicios de delitos en la financiación de la campaña electoral de Galicia en 1998 del PP y en la compra de ciertos billetes de avión y varios viajes del senador de Cantabria, entre los que se encuentra una visita a Escocia en 1997. El magistrado ve ahora indicios más que suficientes para trasladar el caso a competencias del Tribunal Supremo, a pesar de que el pasado lunes se volvió a desestimar su petición.