Adiós a Megaupload, ¿y ahora qué?

El cierre de la web de intercambio de archivos Megaupload por el FBI ha provocado una hecatombe en el mundo virtual y en el real. Según la Asociación de Internautas, el portal movía cerca del 4% del tráfico global de Internet y tenía unos 1.000 millones de usuarios únicos al mes.

La pregunta que muchos se plantean ahora es, ¿qué van a hacer esos millones de clientes que han pagado una cuenta Premium? ¿Qué ocurrirá con los contenidos de los usuarios, ya sean de pago o no? Y no menos importante, ¿cómo delimitar hasta dónde llegan los derechos de autor y hasta dónde la libertad de expresión, creación y comunicación?

Paloma Cano es abogada civilista y tributarista, pero habla "como internauta" cuando afirma que aunque no es usuaria de Megaupload, "lo que está en la red es un bien de dominio público y universal, es de todos". Y añade: "es denigrante que los dueños se hayan hecho de oro a costa de las descargas; ha sido una operación desagradable pero acciones como estas deben estar penadas por la ley", declara.

Respecto a los derechos de autor, Cano piensa que se debería pagar, "aunque fuera una cantidad exigua" para formar una estructura de cobro que no vulnere los derechos de los autores y así "hacer una retribución para que no acabe el trabajo intelectual".

Según Cano, los usuarios afectados "deben reclamar a Megaupload" ya que el internauta "no es culpable" y "deben liberar los datos de los millones de usuarios de la web que no tienen por qué ser vigilados por el FBI"

ACCIONES LEGALES

FACUA, Consumidores en Acción, considera que “los usuarios de Megaupload tienen derecho a recuperar los archivos privados almacenados en sus servidores, por lo que el Gobierno estadounidense debe ponerlos a su disposición” y animan a los consumidores a emprender una demanda judicial por el daño moral causado por esta acción, para que el Gobierno de España actúe en su nombre.

Asimismo, FACUA afirma que “independientemente de las posibles actividades y usos ilícitos de Megaupload, éste era un repositorio de archivos que millones de usuarios utilizaban para almacenar o compartir archivos privados de manera absolutamente legal”.

No obstante, la Asociación General de Consumidores (ASGECO) afirma que se ha opuesto “desde el principio a los sitios web que operan lucrándose con la oferta de vínculos a obras con derechos de autor y expresa su malestar frente a la venta millonaria de sitios como seriesyonkis”, pero sin embargo anima también a los usuarios afectados “alejados de los hechos delictivos que se imputan a los directivos de Megaupload” a emprender acciones legales.

IMPUTADOS

La Justicia de Nueva Zelanda ha decretado prisión preventiva contra el fundador de Megaupload, Kim Schmitz, y los otros tres directivos de la compañía. Según publica ‘Público’ “cada uno de los responsables de la empresa contra los que el FBI ha presentado cargos se exponen a una pena máxima de 20 años en prisión por el delito de conspiración, cinco años por conspiración para cometer infracción de copyright, 20 años por conspiración para cometer blanqueo de dinero y otros cinco años por cada cargo presentado por infracción criminal de copyright”.

‘Seriesyonkis’ parece ser la próxima víctima de la aún no aprobada ley SOPA, ya que el Gobierno de Estados Unidos ha citado en tres ocasiones a la plataforma ante el juez.

Anonymous ha reencarnado la venganza y está hackeando las principales webs gubernamentales, entre ellas la del FBI, la del Departamento de Justicia de Estados Unidos y dos sitios de las patronales discográfica y cinematográfica estadounidense. Recientemente Anonymous está haciendo circular datos privados del director del FBI y de sus familiares a través de Twitter.